El 18 de abril del 2018 se hace pública la reforma al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS). Dicha reforma desató una serie de protestas pacíficas a lo largo de Nicaragua, la mayoría lideradas por estudiantes universitarios. Grupos paramilitares armados y financiados por el actual gobierno atacaron violentamente a los manifestantes. Debido a la presión de los estudiantes, los campesinos, la empresa privada y el pueblo en general, Daniel Ortega, el presidente de la nación desde el 2007, revoca la controversial reforma del INSS. Sin embargo, las protestas se han radicalizado como una forma de lucha para detener la corrupción abundante en la Administración Ortega, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

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La Iglesia Católica, los estudiantes, la sociedad civil y la empresa privada han intentado dar a esta crisis una solución pacífica mediante la convocatoria de un Diálogo Nacional. Sin embargo, este no ha dado resultados y fue interrumpido ante la falta de compromiso del gobierno. Las violaciones a  los derechos humanos cometidos por los Ortega Murillo y sus aliados continúan incrementando. Dichas violaciones incluyen saqueos, detenciones arbitrarias, cientos de presos políticos, miles de heridos, clausura de medios de comunicación y más de 400 asesinatos incluidos niños, estudiantes, mujeres y ancianos. Es necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponga en marcha un plan para devolverle los derechos y la libertad a todos los Nicaragüenses.